EMPRESAS DEPREDADORAS DE MANGLARES

EMPRESAS DEPREDADORAS DE MANGLARES LIGADAS A POLÍTICOS, SON LOS DUEÑOS DE TAJAMAR



Entre las 22 empresas que pretenden edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.

LOS DUEÑOS

Desarrolladora El Arca encontró que esta compañía privada, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares, enfrentó un caso similar en enero de 2012, cuando el Ayuntamiento Solidaridad emitió una multa a esta empresa por 1 millón 424 mil 250 pesos, debido a la devastación de dos hectáreas de un manglar ubicado en ese municipio.

De acuerdo con la información del diario Por Esto!, la causa de la multa no fue la de rellenar el manglar sino por el uso de maquinaria pesada. Sin embargo, después de pagar la sanción, el Ayuntamiento de Solidaridad y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) procedieron a quitar los sellos de clausura.

Inmobiliaria Moka, una de las compañías que posee terrenos en la ahora zona devastada en Tajamar, tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab. Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Roberto Madrazo Pintado.

José Martín Domene Zambrano es uno de los empresarios que buscan edificar dentro del Manglar Tajamar, el lugar en el que han sepultado animales vivos y ha dejado a muchos otros sin hábitat.
Domene es cuñado del ex Gobernador de Nuevo León y actual Diputado, el priista Benjamín Clariond Reyes Retana. Además, el empresario regiomontano ha sido señalado como uno de los principales promotores del grupo Amigos de Fox, que en 2000 promovió y recaudó dinero para apoyar la candidatura del panista Vicente Fox Quesada en el norte del país.

De acuerdo con la lista difundida, Inmobiliaria Moka tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab. Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado.

William, junto con su hermano Paul, son dueños de la empresa Hidrosina, que maneja una red de 82 estaciones de gasolina distribuidas en 16 estados del país, ha firmado con la Semarnat convenios en pro del medio ambiente.

Información del articulista Carlos Fernández Vega publicada en La Jornada en 2005, señala que el ex banquero Carlos cabal Peniche transfirió 17 millones de pesos a través de Hidrosina y otras 13 empresas para financiar la campaña de Roberto Madrazo para Gobernador de Tabasco en 1994.
Los hermanos Karam Kassib también han sido señalados como coinversionistas en negocios con la familia Hank, según una investigación de la revista Proceso basada en los documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los dos representantes de la firma Ciscolang, Francisco Córdova Lira y Juan Rafael Lang Uriarte, fueron dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC). Ambos, también tienen un terreno en Tajamar donde proyectan construir departamentos de lujo.

En el caso de Francisco Córdova Lira, quien también fue presidente del Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia y de Grupo Xcaret, en 2014 fue designado Cónsul de Australia en Cancún, mención que le valió felicitaciones personales por parte del Gobernador Roberto Borge.
En los últimos días, a través de su cuenta de Twitter, el empresario ha comentado que la compra del terreno se hizo de manera legal, por lo que corresponde a Fonatur hacerse cargo de los daños.

Agregó que él participó en “un desarrollo autorizado”, que no participó en en el diseño del proyecto y que cumplió con los trámites y los permisos solicitados. Actualmente se encuentra a la espera de la liberación de la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por la Semarnat para el proyecto Parque Maya en Cancún, que también se construirá en una zona de manglares.

Jaguar Ingenieros Constructores, es una de las ganadores del primer paquete de licitaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), para trabajos de tercería, drenaje, pavimentación y señalamiento y recibió para esto 885 millones 647 mil pesos.

La empresa Fondo Comercial Mexicano es representada por Simón Galante Zaga. De acuerdo con la revista Forbes, tiene en sus manos una fibra hotelera a través de la cual tiene 34 hoteles, entre los que destacan los Fiesta Inn, Real Inn y los Camino Real.


GR Inmuebles tiene como representantes a Gabriel Eugenio Garza Rangel y a Guillermo Garza Rangel, ambos provenientes de la acaudalada familia Garza Sada, fundadora de la Cervecería Cuahutémoc y fundadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

CIUDADANOS EXIGEN A LA ONU RETIRE CUMBRE DE BIODIVERSIDAD A MÉXICO

CIUDADANOS EXIGEN A LA ONU RETIRE CUMBRE DE BIODIVERSIDAD A MÉXICO POR TRAGEDIA DE TAJAMAR




Mientras que diversas organizaciones, como Greenpeace y CEMDA, exigieron a través de un comunicado a la SEMARNAT que revoque las autorizaciones otorgadas en Tajamar en materia de impacto ambiental, pues dijeron, “se presume que el primo del proyecto ha violado la normatividad en distintas ocasiones al proporcionar información falsa e incumplir con las condicionantes.

En una petición publicada en la plataforma Change.org, ciudadanos mexicanos exigen que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) retire a México la sede de la COP13, la mayor reunión global de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, programada para realizarse en diciembre de este año en Cancún, Quintana Roo, luego de que el pasado 16 de enero un consorcio empresarial destruyera casi 57 hectáreas del Manglar Tajamar y con ello arrasara con la fauna y la flora del lugar, situado justo en el mismo municipio designado como sede de esa cita internacional.




La madrugada del sábado pasado, pese a la oposición de los habitantes de la zona, máquinas y trabajadores de un grupo de 22 constructoras ingresaron a los terrenos del Malecón Tajamar y empezaron a desmontar y a rellenar con tierra el manglar, para preparar la construcción de los polémicos desarrollos inmobiliarios auspiciados por el FONATUR.

La destrucción del manglar fue autorizada por dependencias del Gobierno federal y las autoridades estatales y municipales. Como la comunidad local se oponía, una brigada de policías y de maquinaria pesada ingresó a esa zona y empezó su destrucción. A la mañana siguiente, el daño era casi irreparable. Activistas dicen que en su prisa por acabar con la población vegetal y animal, los equipos sepultaron especies vivas.

Por el caso, los ciudadanos exigen que “retiren a México la sede para la COP13: la ONU no debe dar respaldo a un gobierno ecocida”, recrimina la petición que hasta la tarde de este jueves lleva más de 6 mil firmas. La COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica tiene previsto llevarse a cabo en diciembre de este año en Cancún Quintana Roo, el mismo lugar donde los activistas denuncian los gobiernos local y federal cometieron un “ecocidio”.

“Dados los hechos, ni el gobierno del estado de Quintana Roo que encabeza Roberto Borge Angulo, ni el gobierno de México son aptos para ser anfitriones del evento más relevante a nivel internacional para la defensa de la biodiversidad, y la sede debe ser otra. Los hechos lo demostraron: no tienen ningún interés en la protección de los derechos humanos, incluyendo a contar con un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni en cumplir con los compromisos internacionales en la materia”, alerta la petición.

La petición recrimina que ante la devastación en la zona, el Gobierno federal “no ha hecho nada para proteger ese ecosistema, ni tampoco por intentar reparar el daño; por el contrario, dicha obra contó con su autorización, por conducto de SEMARNAT”.


Se detalla que lo ocurrido en Tajamar “constituye una flagrante violación a la Constitución de nuestro país, así como a los tratados y convenciones internacionales que imponen a México obligaciones específicas, como es la protección al ambiente y a la biodiversidad”. Denuncian que con la devastación del manglar las autoridades del Estado mexicano, federales y locales, han incurrido en responsabilidad jurídica y política, nacional e internacional.

Por ello, los firmantes piden al Secretario Ejecutivo de Diversidad Biológica de la ONU, Braulio Ferreira de Souza, que retire a México la sede de la COP 13, pues destacan, de mantenerla, “ante la impunidad probada”, el mensaje será claro:

“La protección al ambiente y a la biodiversidad es sólo retórica que utiliza el Estado Mexicano para justificar acciones que persiguen un beneficio económico, independientemente de la afectación ambiental que éste pueda ocasionar. De no hacer nada, este mensaje contará con el respaldo de la comunidad internacional”.
ONGS EXIGEN A LA SEMARNAT REVOQUE PERMISOS

Gerardo Vázquez Morales, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, concedió la suspensión provisional para que se detenga cualquier tipo de acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación así como el relleno con material pétreo en la zona denominada Malecón Tajamar.

Por la noche, la SEMARNAT confirmó a través de un comunicado que su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental otorgó en julio de 2005 la autorización en la materia al desarrollo proyectado por el FONATUR en Tajamar.
Las dependencias otorgaron en el mes de  julio de 2005 a FONATUR, la autorización en materia de Impacto Ambiental para las obras y actividades en el Proyecto Malecón Cancún Tajamar”, dijo.
“Asimismo, desde febrero de 2006, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de SEMARNAT le otorgó una autorización para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, precisó la dependencia.

Por su parte, diversas organizaciones exigieron a través de un comunicado a la SEMARNAT que revoque las autorizaciones otorgadas en Tajamar en materia de impacto ambiental, pues dijeron, “se presume que el primo del proyecto ha violado la normatividad en diversas ocasiones al proporcionar información falsa e incumplir con las condicionantes.

Organizaciones como la internacional Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), así como otras asociaciones en defensa de los derechos de los animales, pidieron también a la PRPFEPA que actúe de manera inmediata y aplique las sanciones correspondientes por “el daño irreparable ocasionado al equilibrio ecológico en la zona”.

“Las organizaciones firmantes solicitan a la SEMARNAT dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental otorgada al proyecto promovido por el FONATUR, debido al incumplimiento de las condicionantes impuestas en dicha autorización y frenar el daño ambiental que se está ocasionando y que ha sido constatado ya por la propia SEMARNAT y la PROFEPA”, detalla el documento.

Recriminan también que en la autorización referida, “una de las condicionantes que la SEMARNAT exigió fue el rescate de fauna en la zona, lo cual, hasta donde se conoce, no fue llevado a cabo de manera adecuada por el promotor del proyecto, toda vez que, como se ha podido constatar, durante la remoción del manglar murieron diversas especies -como cocodrilos, iguanas, garzas, entre otras, algunas de ellas en alguna categoría de riesgo-, y muchas otras han sido afectadas de forma irreparable al haber perdido su hábitat natural”.


Por ello, las asociaciones piden a la PROFEPA que lleve a cabo “a la brevedad un peritaje en el predio, actuar de manera rápida y con un sentido de urgencia para proceder con las sanciones correspondientes una vez acreditadas las irregularidades antes mencionadas y, de ser el caso, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos ambientales y en contra la gestión ambiental. De tal manera que de acreditarse la afectación a la fauna y su ecosistema, se dé cumplimiento efectivo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”.

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