MÉXICO POR LOS SUELOS

LA IMAGEN DE MÉXICO, POR LOS SUELOS

 Sólo en los últimos días, la imagen de México como un país reformista, abierto al cambio y que pretende avanzar más rápidamente en su desarrollo, quedó en entredicho e incluso se reemplazó por la que realmente viven a diario los mexicanos: la de un país donde el Estado ha perdido el control al permitir masacres extrajudiciales de jóvenes, la desaparición de miles de personas sin respuesta alguna y el avance de las violaciones a los derechos humanos en todos sus órdenes.

Aun cuando el gobierno federal ha presumido su compromiso y ha firmados decenas de acuerdos internacionales, México no es visto como un país que, apoyado en una democracia transparente, respete el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales –como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación– y los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

El caso del asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y el secuestro de otros 43 alumnos de esa institución, una de las más vetustas en su género y un símbolo de la lucha social ante las enormes desigualdades que se han vivido por décadas en la montaña de Guerrero, ha crecido a niveles internacionales y aún no sabemos hasta dónde dañarán los errores y omisiones en torno a la justicia a los objetivos del gobierno por atraer inversiones, así haya abierto prácticamente todos los sectores productivos del país, en especial el de la energía que, según dicen quienes gobiernan hoy el país, traerá más fuentes de empleo y bienestar al país.

La barbarie cometida en Iguala, Guerrero, pudo evitarse si la justicia en México se aplicará a cabalidad. El 12 de diciembre de 2011, un grupo de estudiantes de esa misma Normal Rural de Ayotzinapa, que exigían aumento de la cuota diaria de alimentación por estudiante, mejoras de infraestructura en el plantel, una mayor matrícula, revisión del promedio aprobatorio de primer ingreso y becas para egresados, fue atacado por los cuerpos de seguridad estatales y federales.

Ese día dos normalistas y un empleado de una gasolinera cayeron asesinados a manos de policías. El escándalo por el exceso de fuerza también atrajo la atención internacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó y lanzó recomendaciones al gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero y a funcionarios de alto nivel de la Policía Federal (PF) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Pero nada pasó.

Ni Aguirre Rivero cumplió con las recomendaciones de la CNDH ni los funcionarios federales fueron investigados ni llevados ante un juez. Es más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Raúl Plascencia Villanueva, reculó y hasta exoneró al entonces comisionado general de la PF, Facundo Rosas Rosas. Otra vez: el resultado de esta nítida evidencia de impunidad provocó que ese personaje fuera reciclado por el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ahora, Rosas Rosas es nuevamente señalado como el principal responsable del violento operativo que implementó la policía poblana el 9 de julio pasado contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y que dejó decenas de heridos, entre éstos niño, José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo, quien murió días después a causa de los proyectiles lanzados por los elementos de seguridad. Pero, otra vez, nadie le ha tocado un pelo a ese personaje ni al Gobernador de Puebla. En esta ocasión, sin embargo, organismos internacionales, gobiernos y también los inversionistas están pendientes de la respuesta de la administración de Enrique Peña Nieto sobre los ataques criminales en Iguala que, encima, apuntan a confirmar una carnicería pocas vistas en México y en el mundo.

Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Departamento de Estado de la Casa Blanca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), entre muchas otras, exigieron una investigación pronta y transparente de los hechos al gobierno mexicano. Incluso, algunos de esos organismos, pidieron una investigación “independiente” y en la que las instituciones de justicia nacionales no metan mano, un signo de la desconfianza con que se les ve no sólo dentro sino fuera.

El viernes, en una acción ya contundente y que muestra el actual deterioro de la imagen del país, miembros del Parlamento Europeo condenaron lo ocurrido en Iguala y exigieron que el Acuerdo Global celebrado entre México y la Unión Europea (UE), que establece mecanismos de cooperación entre ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad ciudadana, “tiene que ser puesto en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisados”. “El primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido [...]

 El crimen organizado tiene que ser detenido, dondequiera que se halle, y las lagunas jurídicas tienen que ser eliminadas más allá del área económica”, se planteó en una carta fechada en Bruselas y que suscriben Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo y otros 15 miembros. “Los acontecimientos sucedidos en Guerrero son sólo el último de una larga lista de delitos que han quedado en total impunidad [...] instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala/Guerrero y sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa”, denunciaron los parlamentarios.

Ahora, cuesta arriba, el gobierno federal debe dar una respuesta contundente y una muestra verdadera de voluntad política para atacar el problema de la corrupción y la impunidad no sólo a los mexicanos sino también a los extranjeros. Sólo con acciones y no con discursos y evasivas –como las del Gobernador Ángel Aguirre, quien ya no cuenta ahora más que para ser sometido a una investigación a fondo por convertir a Guerrero en el estado con los más altos niveles de criminalidad en el país y a Acapulco como la tercera ciudad más violenta del mundo– se podrá recuperar la confianza. Por ahora, la imagen de México se hunde y así, ni regalando el petróleo habrá quien venga a jugarse no sólo sus capitales sino también el pellejo.